Requisitos necesarios para instar un procedimiento judicial de modificación de medidas definitivas.

Hay que partir de dos premisas iniciales:

  1. Tener en cuenta que las medidas adoptadas en un proceso de familia, con carácter definitivo, están basadas en diversas circunstancias existentes en un momento puntual, señalamos las más usuales:
  • Circunstancias de carácter económico y /o laboral
  • Determinación del domicilio
  • Relaciones afectivas entre progenitores e hijos
  • Relaciones personales entre los propios progenitores

Todas estas circunstancias pueden ir modificándose a lo largo del tiempo, por lo que este tipo de procedimiento judicial debe ser considerado como un “proceso vivo”, susceptible de cambio en función de un cambio en las circunstancias que lo motivaron.

Es innegable que las relaciones familiares están en constante evolución y la situación judicial debe ir adaptándose a esos cambios.

  1. No obstante lo anterior, debe tratarse de un cambio sustancial en las circunstancias que motivaron la adopción de las medidas; es decir, un juzgado no dará trámite a una demanda de modificaciones basada en meras suposiciones o alegaciones de parte, por ejemplo, de uno de los progenitores (más ingresos que los declarados por el otro progenitor, mala relación entre éste y el hijo, condiciones de la vivienda diferentes a las declaradas…). Es complicado asumir que, a pesar de tener pleno convencimiento de estas posibles situaciones, es necesario probarlo antes de iniciar el procedimiento de revisión de medidas. Pero así es, y de hecho nos encontramos con que se desestiman muchas demandas, no porque no existan esos cambios sustanciales, sino por la imposibilidad de probar los mismos.

De ahí que antes de iniciar el procedimiento judicial es necesario recabar todos los medios de prueba posibles: documentales, económicos, médicos, escolares…

En cuanto a los requisitos, de los que no encontramos una enumeración legal sino que han ido siendo establecidos por los jueces en sus correspondientes sentencias, son los siguientes:

  1. Cambio sustancial en las circunstancias que motivaron la adopción de las medidas, como hemos indicado.
  2. Cambio relevante y posterior a la sentencia. Muy importante esto último: debemos encontrarnos con hechos ocurridos después de la adopción de las medidas, no deliberadamente ocultados en ese momento y sacados a la luz después.
  3. Cambio que da lugar a una situación nueva que no ha sido provocada voluntariamente.
  4. Cambio que da lugar a una situación nueva con visos de permanencia en el tiempo.
  5. Cambio y nuevas circunstancias debidamente acreditadas por el solicitante de la modificación de medidas.

Hay dos formas principalmente de iniciar el procedimiento:

  1. De mutuo acuerdo, caso en el que los progenitores presentarán ante el juez un nuevo convenio regulador para que éste homologue las nuevas medidas acordadas.
  2. Contencioso, a petición de una de las partes, que presentará una demanda de modificación de medidas junto con la documentación acreditativa de sus pretensiones. Esto dará lugar a una nueva revisión de todas las circunstancias en su conjunto, y una vez practicada la prueba, el juez determinará si cabe o no efectuar la modificación de medidas.

Por ejemplo, si el progenitor no custodio pretende solicitar un régimen de custodia compartida, no sólo le bastará con aportar justificantes de nuevo domicilio más cercano por ejemplo al centro escolar del menor. Instará el procedimiento y, si el juez lo admite a trámite, volverán a revisarse todas las circunstancias que deben darse para otorgar una custodia compartida: relaciones afectivas de cada progenitor con el menor, se escuchará a éste si tiene edad suficiente, se valorará el cumplimiento de cada progenitor de sus deberes en relación a los hijos, la relación personal entre los progenitores a la hora de determinar un posible plan de convivencia, los resultados de los informes periciales del equipo psicosocial adscrito al juzgado (la valoración del menor y de los progenitores, por separado e interrelacionándose entre ellos, por parte de un equipo profesional de psicólogos y trabajadores sociales es vital a la hora de dilucidar la conveniencia de una posible custodia compartida), y cómo no, la distancia entre domicilios y en relación al centro escolar. Pero como una circunstancia más a tener en cuenta dentro de todo lo anterior. Lo que siempre va a primar por encima de todo y va a ser determinante para el juez va a ser el interés y bienestar del menor.

Por último, en cuanto al juzgado competente para conocer el procedimiento, será el del municipio donde se encuentre el domicilio conyugal; si las partes residen en términos municipales diferentes, el demandante podrá optar, a su elección, entre el domicilio del matrimonio o el correspondiente al lugar de residencia del demandado.

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