Es bastante frecuente que en las Comunidades de Propietarios nos encontremos con problemas de robos o vandalismo que motiven a los vecinos a plantear la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en las zonas comunes. A algunos les parecerá una buena idea, pero a otros puede no gustarle pensar que alguien está continuamente controlando sus movimientos, horarios de entradas y salidas etc… y entender que esto vulnera su derecho a la propia imagen o intimidad.

¿Cómo se soluciona legalmente esta cuestión? ¿Se pueden colocar cámaras de seguridad y vigilancia en las zonas comunes de la Comunidad de Propietarios?

Pues bien, para responder a la pregunta, al igual que en otras muchas ocasiones, nos vemos obligados a recurrir a la jurisprudencia; dado el choque entre derechos fundamentales de la persona hay que analizar el tema desde la estricta observancia del principio de proporcionalidad, valorando la existencia de los siguientes requisitos:

1. Juicio de idoneidad: La instalación de las cámaras debe tener una finalidad claramente determinada (evitar situaciones de vandalismo, robos … en definitiva, la comisión de cualquier delito contra la propiedad).
2. Juicio de necesidad: La Comunidad deberá optar por el método más moderado, menos invasivo para los derechos de propia imagen e intimidad, pero que a la vez tenga eficacia real a la hora de conseguir el fin pretendido.
3. Juicio de proporcionalidad, es decir, conllevar más beneficios que inconvenientes.

Además de lo anterior, la Agencia Española de Protección de Datos exige una serie de requisitos adicionales, como más reseñables:

1. Es necesario colocar carteles que adviertan de la existencia de cámaras de seguridad en el edificio.
2. Sólo la persona autorizada y designada por la Comunidad de Propietarios tendrá legitimidad para acceder y visualizar las imágenes grabadas. Normalmente será el Presidente, el Administrador o el personal autorizado de la empresa instaladora y encargada del mantenimiento de las cámaras.
3. Según las exigencias de la normativa de protección de datos las grabaciones de guardarán durante el plazo de un mes; transcurrido el mismo se borrará el contenido de las mismas.
4. Las grabaciones deberán realizarse en modo local y no mediante conexión a Internet.

Antes de la entrada en vigor de la llamada “Ley Omnibus” del año 2009 se requería que el servicio fuera contratado a través de empresas de seguridad homologadas por el Ministerio del Interior; posteriormente a la fecha indicada ya cualquier empresa e incluso un particular puede instalar cámaras de seguridad, ni siquiera es necesario que la empresa esté dada de alta en el registro de instaladores de telecomunicaciones.

Es muy importante adaptarse a las exigencias normativas de la Agencia Española de Protección de Datos dado que el desconocimiento, inobservancia de sus disposiciones o mala praxis puede dar lugar a imposición de multas que pueden oscilar desde los 900 a los 600.000 €, en función del carácter leve, grave o muy grave de la infracción que se estime cometida.

Por último, en cuanto al quorum necesario para acordar en Junta de Propietarios la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en zonas comunes, la Ley de Propiedad Horizontal determina que es necesario el voto favorable de los 3/5 del total de propietarios que a la vez supongan un 3/5 de las cuotas de participación.

Si te ha resultado útil nuestro artículo, por favor, comparte en tus redes sociales.

Tal vez te gustará leer:

Cuántas veces se puede proponer y someter a votación el mismo tema en una reunión de la Comunidad.

Cómo ejercer mi derecho de información como propietario ante la Comunidad.