Delitos de exhibicionismo, provocación y explotación sexual.

Los delitos de exhibicionismo y provocación sexual están regulados en los artículos 185 y 186 del Código Penal: implican la exhibición o la realización de actos obscenos ante menores de edad o personas discapacitadas, necesitadas igualmente de una especial protección; es decir, actos obscenos o exhibicionistas realizados entre adultos sin más no constituyen actos propios de este tipo delictivo.

También quedan castigadas las siguientes conductas: vender, difundir o exhibir material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad, necesitadas de especial protección. Como vemos, el mismo elemento clave, que haya por medio un menor o una persona con discapacidad.

Las penas previstas por el legislador son las siguientes:

–          Prisión de 6 meses a 1 año, o

–          Multa de 12 a 24 meses.

El delito de explotación sexual está regulado en los arts. 188 y 189 del Código Penal y recoge fundamentalmente las siguientes conductas:

  1. Actividades remuneradas de contenido sexual o erótico con personas menores de edad o discapacitadas. No sólo se castiga al autor de dichas actividades, sino también a aquél que las induzca, facilite o promueva dicha relación.
  2. Pornografía: producción, distribución, divulgación por cualquier medio, importación / exportación, oferta, venta o la mera posesión de material en el que se utilice a un menor o discapacitado en actividades de contenido sexual, entendidas en sentido amplio, es decir, ya sean explícitas o no, reales o simuladas.
  3. Utilización de menores o discapacitados con fines de exhibición en espectáculos, de cualquier tipo, sean privados o públicos.

Las penas previstas parten de prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses, si bien a lo largo de los distintos apartados el legislador recoge una serie de tipos agravados en función de diversas cualidades o circunstancias, concurrentes tanto en la víctima como en el responsable, tales como la edad de la víctima, comisión de los hechos con violencia o intimidación, relación de autoridad o parentesco con la víctima, condición de agente de la autoridad o funcionario público o pertenencia a algún tipo de organización o asociación orientada a dichos fines de explotación sexual.

La ley recoge una exigencia de proactividad en las personas encargadas y responsables del cuidado de un menor: quien tenga la patria potestad, tutela o tenga bajo su guarda o acogimiento a un menor de edad o discapacitado y, conociendo su estado de posible prostitución o explotación sexual y que no haga todo lo posible para evitar que ese estado continúe, por sí mismo o acudiendo a la autoridad competente a denunciar los hechos será castigado penalmente con prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses.

El Ministerio Fiscal, encargado de velar por el bienestar e intereses de los menores, promoverá las acciones correspondientes encaminadas a privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento, a aquellas personas que realicen alguna de estas conductas descritas en el párrafo anterior.

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