Los delitos de exhibicionismo y provocación sexual están regulados en los artículos 185 y 186 del Código Penal: implican la exhibición o la realización de actos obscenos ante menores de edad o personas discapacitadas, necesitadas igualmente de una especial protección; es decir, actos obscenos o exhibicionistas realizados entre adultos sin más no constituyen actos propios de este tipo delictivo.

También quedan castigadas las siguientes conductas: vender, difundir o exhibir material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad, necesitadas de especial protección. Como vemos, el mismo elemento clave, que haya por medio un menor o una persona con discapacidad.

Las penas previstas por el legislador son las siguientes:

–          Prisión de 6 meses a 1 año, o

–          Multa de 12 a 24 meses.

El delito de explotación sexual está regulado en los arts. 188 y 189 del Código Penal y recoge fundamentalmente las siguientes conductas:

1. Actividades remuneradas de contenido sexual o erótico con personas menores de edad o discapacitadas. No sólo se castiga al autor de dichas actividades, sino también a aquél que las induzca, facilite o promueva dicha relación.
2. Pornografía: producción, distribución, divulgación por cualquier medio, importación / exportación, oferta, venta o la mera posesión de material en el que se utilice a un menor o discapacitado en actividades de contenido sexual, entendidas en sentido amplio, es decir, ya sean explícitas o no, reales o simuladas.
3. Utilización de menores o discapacitados con fines de exhibición en espectáculos, de cualquier tipo, sean privados o públicos.

Las penas previstas parten de prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses, si bien a lo largo de los distintos apartados el legislador recoge una serie de tipos agravados en función de diversas cualidades o circunstancias, concurrentes tanto en la víctima como en el responsable, tales como la edad de la víctima, comisión de los hechos con violencia o intimidación, relación de autoridad o parentesco con la víctima, condición de agente de la autoridad o funcionario público o pertenencia a algún tipo de organización o asociación orientada a dichos fines de explotación sexual.

La ley recoge una exigencia de proactividad en las personas encargadas y responsables del cuidado de un menor: quien tenga la patria potestad, tutela o tenga bajo su guarda o acogimiento a un menor de edad o discapacitado y, conociendo su estado de posible prostitución o explotación sexual y que no haga todo lo posible para evitar que ese estado continúe, por sí mismo o acudiendo a la autoridad competente a denunciar los hechos será castigado penalmente con prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses.

El Ministerio Fiscal, encargado de velar por el bienestar e intereses de los menores, promoverá las acciones correspondientes encaminadas a privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento, a aquellas personas que realicen alguna de estas conductas descritas en el párrafo anterior.

Si te ha resultado interesante nuestro artículo, por favor, comparte con tus contactos en redes sociales.

SUSCRIBETE AL BLOG para estar al día de nuestras publicaciones y recibirlas directamente en tu bandeja de entrada del correo electrónico.