Al adquirir una VPO (Vivienda de Protección Oficial) el propietario se beneficia de una serie de ayudas (estatales y/o autonómicas) y se le facilita la financiación de la vivienda mediante préstamos subvencionados por el gobierno, más ventajosos que los demás. Estas ventajas vienen acompañadas igualmente de una serie de limitaciones o condicionantes:

1. La vivienda debe constituir el domicilio habitual del propietario.
2. Debe constituirse como residencia familiar. El ejercicio en la vivienda de una profesión o pequeño oficio no desvirtúa el carácter de “familiar” del domicilio.
3. La vivienda debe constituir el domicilio permanente del propietario. La falta de ocupación de la vivienda de forma temporal exige una autorización administrativa.
4. Durante el tiempo que la vivienda esté protegida (normalmente un plazo medio de 10 años, aunque dependerá en última instancia de la Comunidad Autónoma) no se pueden vender a un precio libre:

• Antes de que hayan pasado 10 años es necesario solicitar autorización a la Comunidad Autónoma correspondiente, devolviendo las ayudas y subvenciones que se hayan obtenido.
• A partir de esos 10 años y mientras la vivienda siga calificada como VPO su precio de venta estará limitado, y en cualquier caso la Administración tendrá un derecho preferente para comprarla antes de cualquier otra persona interesada.

5. En cuanto a la opción del alquiler, normalmente se pueden alquilar cuando se descalifican y se convierten en “libres”, bien por el transcurso del paso del tiempo (esos 10 años como regla general) o bien solicitando una autorización administrativa para la descalificación antes del transcurso del plazo. La renta de alquiler tendrá un máximo fijado por la ley, no puede establecerse libremente por el propietario.
6. Por último, señalar que hay una serie de requisitos generales para acceder, en cualquier caso, a una vivienda de carácter protegido:
   • Que no tengan una vivienda libre en propiedad.
   • Que estén inscritos en el Registro Público de demandantes, gestionado por la Comunidad Autónoma en cuestión.
   • Que no les hayan concedido una vivienda protegida con anterioridad, a no ser que demuestren que la que tienen es inadecuada o hay circunstancias personales o familiares adversas.
   • Que dispongan de unos ingresos familiares mínimos, en función de unos baremos establecidos por las Comunidades Autónomas.
   • Que no hayan obtenido ayudas estatales o autonómicas por vivienda en los últimos 10 años.

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