Los niños en edad escolar pasan mucho tiempo en el colegio, no solo en el horario estrictamente académico, sino en otros muchos momentos en los que, fundamentalmente por exigencias laborales de los padres, se ven obligados a acudir a aula matinal, comedor y diversas actividades extraescolares, y no solo durante el período lectivo, sino también en época estival.

De esta forma, los titulares de un centro docente deben responder de los daños y perjuicios, bien que causen sus alumnos menores de edad o bien que sufran dichos alumnos, durante el tiempo en que estén bajo vigilancia del profesorado, desarrollando las actividades correspondientes, sean escolares o extraescolares.

Así las cosas, surge la primera pregunta: ¿Quién se considera legalmente “titular” de un centro docente? Es decir, ¿La responsabilidad se centra en los directores o es extensiva a los profesores, monitores de comedor o transporte escolar, por ejemplo?

Legalmente, a la hora de definir quién ostenta la titularidad de un centro docente, hay que distinguir entre centros públicos o privados (incluso dentro de estos últimos, habrá que tener en cuenta si es concertado o no):

• Centro público: Ministerio de Educación o Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente, si tiene las competencias transferidas.

• Centro privado: La responsabilidad es de la persona (física o jurídica) que conste registrada como titular del centro.

• En caso que el centro sea “concertado”, es decir, sufragado en parte con fondos públicos, la titularidad del centro también es privada. La Administración dirige el proceso de escolarización pero no participa ni tiene competencia alguna en la organización interna del centro escolar.

Así las cosas, será la Dirección del centro la que se considere responsable civil, no los profesores concretos que se encuentren al cargo del alumno en un determinado momento. En todo caso, si el centro puede demostrar que existe “dolo” o culpa grave por parte del profesor o monitor en concreto sí que puede reclamarle posteriormente la indemnización que haya tenido que soportar en concepto de responsabilidad civil. Hablamos de situaciones muy “peregrinas” en la práctica, ya que no se trata de una simple falta de diligencia o previsión, sino que a pesar de saber la obligación de vigilancia y control sobre el menor que se tiene hay una verdadera intención de causar el daño.

En cuanto al período de tiempo al que se extiende la responsabilidad del centro docente, hablamos del tiempo de clase, recreo, comedor y cualquier tipo de actividad extraescolar que se realice en el centro, sea o no programada, transporte escolar y excursiones o, en general, actividades organizadas por el centro pero realizadas fuera de él.

Por último, el hecho de que ocurra un accidente en un centro escolar puede dar lugar a dos tipos de responsabilidades:

• Responsabilidad penal: cuando los hechos se consideran delictivos.

• Responsabilidad civil: la más usual, de carácter extracontractual, basada en la obligación de vigilancia que comentábamos anteriormente, y que dará lugar a una indemnización, cuantificando económicamente el daño (físico y/o moral) causado.

Excluimos de responsabilidad los llamados “casos fortuitos o de fuerza mayor” aquellos que no dependen de un mayor o menor grado de vigilancia, sino que responden a hechos que imprevisibles o que, aun previstos, sean inevitables. Incluso partiendo de la obligación de vigilancia esta debe ser estudiada por el juez en caso de reclamación de responsabilidad, ya que el grado de vigilancia debe ser mayor en caso de los alumnos más pequeños e ir cediendo a medida que crecen, de forma que también haya un margen de libre desarrollo de la personalidad del alumno.

El plazo para realizar una reclamación en caso de accidente en un centro escolar es de un año a contar desde la fecha del hecho en cuestión.

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