Cuando, a consecuencia de una enfermedad o determinadas deficiencias físicas o psíquicas, una persona ve mermada, limitada o anulada su capacidad para actuar de forma libre y consciente, de “gobernarse por sí misma”, en palabras del propio legislador, la ley civil prevé una fórmula para velar por esa persona y, sobre todo, por su patrimonio.